En sentido, Ceara Hattón insistió en el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con los territorios.
“Él habló claramente de que hay que mejorar las condiciones de vida en donde vive la gente, el primer párrafo de la declaración de ayer (lunes) es ese y el apoyo irrestricto que le da el Gobierno a la aplicación de la Ley 28-01”, expresó el ministro en un discurso en el acto de firma del documento de alianza con las gobernadoras de las siete provincias de la zona fronteriza.
El economista e investigador manifestó que tiene que estar claro que ninguna ley de incentivo puede ser un cheque en blanco para cualquier instancia, ha sido una práctica equivocada.
El catedrático universitario expresó que hay que tener un mecanismo de evaluación para garantizar el impacto y corregir las desviaciones si es que las hay,
De manera tal, sostuvo Ceara Hatton que hay que evaluar periódicamente si el incentivo está provocando el resultado esperado que es la creación de empleos, que mejore el ingreso de las personas y la disminución de la pobreza.
“Si una ley de incentivos tiene el propósito de mejorar el empleo hay que revisarla periódicamente para garantizar los resultados o corregir desviaciones”, dijo Ceara Hattón
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sostuvo que en segundo lugar hay que garantizar que el empleo que genere esa empresa sea básicamente en la región fronteriza, un porcentaje alto en la zona fronteriza.
Dijo que hay métodos estándares para medir el impacto del incentivo en el territorio. Indicó que no se puede seguir con la práctica de dar incentivos sin revisarlos.
Expresó que se debe garantizar que el mayor impacto del incentivo sea en la región y en este caso en la zona fronteriza.
Manifestó que el mensaje que dio el presidente Abinader el pasado lunes fue muy claro, de crear un espacio para que se llegue a un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado, a fin de que se pueda garantizar de que los efectos reales de esa ley se hagan sentir efectivamente en la región fronteriza.
El pasado lunes venció la legislación, cuya modificación se discute en el Congreso Nacional.
La ley 28-01 que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, fue promulgada en 2001, como una política de incentivo a la inversión en la zona de frontera de la República Dominicana, a los fines de atender la situación de atraso relativo que presenta este territorio respecto al resto del país.
La iniciativa constituye un instrumento de movilización de recursos locales a través de incentivos tributarios especiales a la inversión privada, y operaciones públicas de administración de estos y seguimiento a los resultados. De esta manera, se persigue impactar el objetivo de cohesión social y territorial que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La zona especial de desarrollo está integrada por Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, Pedernales, Santiago Rodríguez y Bahoruco, provincias con las que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo firmó este martes 2 de febrero un documento de alianza con sus gobernadoras.
Las Gobernaciones de estas provincias se comprometen en conformar la Red de Gobernadoras de la Zona Fronteriza (RED), con el objetivo de vincular sus acciones al fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación y así apoyar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en todos los procesos para el desarrollo de este territorio.