La prolongación de procesos judiciales vinculados a corrupción mantiene en alerta a legisladores de distintas bancadas, quienes advierten que los continuos aplazamientos podrían poner en riesgo que expedientes de alto perfil concluyan sin sanciones.
Desde el Congreso Nacional, diputados han cuestionado la frecuencia con que se posponen audiencias en tribunales, señalando que factores como la complejidad de los casos, el manejo procesal del Ministerio Público y la alta exposición mediática influyen en la duración de estos procesos.
Uno de los casos mencionados por los congresistas es el que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez. Según indicaron, el expediente acumula 102 aplazamientos en la fase preliminar que se ventila en el Tercer Juzgado de Instrucción. A esto se suman ocho prórrogas registradas en el Segundo Tribunal Colegiado desde que comenzó el juicio de fondo en junio de 2024.
Riesgo de impunidad y costos para el Estado
Para algunos legisladores, la repetición de aplazamientos no solo prolonga los procesos, sino que también representa un costo considerable para el Estado dominicano.
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Además, advierten que la extensión de los plazos podría afectar derechos fundamentales de los imputados, aunque reconocen que las estrategias legales de las partes involucradas también influyen en la duración de los juicios.
Debido proceso frente a presión pública
Otros congresistas consideran que, a pesar de las demoras, el sistema judicial debe priorizar el respeto al debido proceso y a las garantías legales, evitando decisiones precipitadas que puedan comprometer la legalidad de las sentencias.
La mayor preocupación planteada en el Congreso es que la acumulación de retrasos termine provocando la extinción de la acción penal en algunos expedientes, lo que podría dejar sin castigo casos de corrupción considerados de alto impacto.