La organización Convergencia Nacional para el Control de la Seguridad Social acudió este jueves a la Procuraduría General de la República para alertar sobre lo que considera un estancamiento en las investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Según el colectivo, existen señales de que el proceso podría estar dejando fuera a empresarios que, de acuerdo con sus denuncias, tendrían responsabilidad relevante en el supuesto desfalco que se investiga.
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Entre los nombres mencionados por la organización figuran Sonia Read Villanueva, relacionada con la empresa Salud Bucal, y Fred Oscar Imbert, empresario vinculado al sector turístico y asociado a la compañía Raya Foods, que opera una franquicia de comida rápida.
Señalamientos sobre transferencias millonarias
De acuerdo con la denuncia presentada, ambos habrían recibido recursos por montos millonarios a través de la empresa Deleste, SRL, en el marco de las operaciones que actualmente son objeto de investigación.
La Convergencia Nacional afirmó que este caso podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más perjudiciales registrados en el país, por el impacto que tendría sobre el sistema de seguridad social.
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Asimismo, advirtió sobre presuntas presiones provenientes de sectores políticos y económicos que, a su juicio, podrían influir para alterar el curso de las investigaciones.
Piden ampliar las investigaciones y confiscar bienes
El colectivo también cuestionó que mientras algunas personas de menor perfil han sido sometidas a la justicia, empresas señaladas como receptoras de fondos continúan operando sin enfrentar consecuencias legales.
En ese sentido, señalaron a Salud Bucal como una de las compañías que habría recibido recursos procedentes de Khersun, SRL y Deleste, SRL.
Ante esta situación, la organización solicitó al Ministerio Público profundizar las indagatorias, incluir a todos los presuntos responsables y proceder con la incautación de propiedades y empresas que estarían vinculadas al caso.
Además, plantearon que los bienes que podrían ser objeto de confiscación alcanzarían un valor cercano a los 30 mil millones de pesos, recursos que, según alegan, estarían en manos de los principales implicados en el presunto fraude.