La fase preliminar del caso Camaleón arrancó este viernes con la presencia de los principales acusados ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público expone una de las investigaciones más amplias sobre presunta corrupción y delitos tecnológicos en el país.
En el proceso figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, vinculado a la firma Aurix S.A.S. Ambos enfrentan señalamientos que abarcan desde fraude estatal hasta lavado de activos.
Una red de contratos bajo sospecha
La acusación sostiene que varias empresas -Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L.- habrían recibido ventajas indebidas mediante acuerdos gestionados desde instituciones públicas. Según el expediente, estos convenios facilitaron acceso privilegiado a recursos y sistemas, lo que permitió ejecutar operaciones irregulares.
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Los fiscales describen un esquema que habría servido para desviar fondos del Estado y canalizarlos a través de estructuras corporativas, afectando directamente los principios de transparencia administrativa y seguridad tecnológica.
Delitos múltiples y operaciones complejas
La investigación no se limita a un solo tipo penal. El Ministerio Público documenta presuntos hechos de corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, sabotaje de infraestructuras críticas, contrabando, falsificación y delitos tecnológicos avanzados. También incluye acusaciones por terrorismo vinculado a sistemas estratégicos.
De acuerdo con las autoridades, estas acciones se habrían articulado principalmente desde el Intrant y el Ministerio de Defensa, ampliando el alcance institucional del caso.
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En el grupo de imputados también aparecen Pedro Vinicio Padovani Báez, quien dirigía el Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exresponsable del área tecnológica de esa entidad.
La audiencia preliminar marcará el punto de partida para determinar si las pruebas reunidas sustentan la apertura de un juicio de fondo contra los implicados.