El proceso judicial por uno de los mayores casos de corrupción en República Dominicana entra en su fase final, con una decisión clave prevista tras escuchar a los últimos imputados.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para este jueves la jornada en la que las juezas se retirarán a deliberar si condenan o absuelven a los acusados vinculados a las operaciones Coral y Coral 5G, señaladas por un desfalco superior a los RD$4,500 millones.
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La audiencia fue aplazada por condiciones climáticas, según explicó la magistrada Gisselle Méndez, quien preside el tribunal.
Últimos imputados antes del cierre del juicio
En la próxima sesión serán escuchados varios de los acusados, entre ellos Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Tras estas intervenciones, el tribunal dará por cerrados los debates y pasará a evaluar tanto la acusación del Ministerio Público como los argumentos de la defensa.
La ley establece un plazo de hasta 30 días para emitir el fallo una vez el caso quede en estado de decisión.
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Penas solicitadas y magnitud del caso
El Ministerio Público ha solicitado condenas de hasta 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales implicados, incluyendo al general Adán Cáceres Silvestre, señalado como cabecilla de la red.
También figuran pedidos de penas de 15, 10 y 5 años para otros procesados, además de sanciones económicas y la disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna.
Según la acusación, la estructura operó entre 2012 y 2020 mediante el desvío de fondos de instituciones como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Defensa pide absolución y devolución de bienes
Los abogados de los imputados han solicitado al tribunal rechazar la acusación, levantar las medidas de coerción y ordenar la devolución de bienes incautados, incluyendo propiedades, vehículos y cuentas bancarias.
Entre los activos decomisados figuran más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alta gama y dinero en efectivo, que habrían generado ingresos superiores a RD$86 millones.
Con el cierre de los alegatos a la vista, el caso se encamina a una sentencia que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.