La posibilidad de un acuerdo político frente a la crisis queda en duda. Desde la oposición, Roberto Rosario Márquez advirtió que el Gobierno no contará con el respaldo de la Fuerza del Pueblo si no reduce lo que calificó como uso excesivo de recursos estatales.
El ex presidente de la Junta Central Electoral sostuvo que cualquier intento de consenso requiere primero un ajuste en el manejo del gasto. A su juicio, trasladar el impacto económico a la ciudadanía no es una opción viable en el actual contexto.
Exigen que el Gobierno asuma el costo
Rosario afirmó que el liderazgo de la Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández, ya dejó clara su postura ante una comisión enviada por Luis Abinader: la crisis debe ser asumida por el Estado, no por la población.
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En ese sentido, insistió en que sin un cambio en la política de gasto, su organización no participará en mesas de diálogo. El dirigente calificó la gestión actual como marcada por el "dispendio".
Señalamientos sobre uso de fondos públicos
Durante una entrevista televisiva, Rosario cuestionó partidas millonarias destinadas, según dijo, a pagos a creadores digitales y a pensiones especiales. Aseguró que se asignan más de 12 mil millones de pesos anuales a influencers y medios, además de unos 4 mil millones en pensiones a personas que, afirmó, no cotizaron en el sistema estatal.
También criticó la entrega de pensiones que oscilan entre 50 mil y 200 mil pesos, señalando que gran parte de los beneficiarios estarían vinculados al oficialismo. A esto sumó subsidios a sectores con pérdidas sin mecanismos de fiscalización, según su versión.
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El dirigente recordó que acuerdos previos entre Gobierno y oposición no se han cumplido, citando el pacto educativo y los cambios en el Ministerio de Educación tras la salida de Roberto Fulcar.
Además, mencionó denuncias en el área agrícola sobre presuntas presiones para adjudicar contratos sin licitación por más de 800 millones de pesos.
Rosario reiteró que la Fuerza del Pueblo solo se sentará a dialogar si el Ejecutivo reduce el gasto público y frena lo que considera un manejo descontrolado de los recursos, en medio de la crisis internacional vinculada al conflicto en el Golfo Pérsico.