El uso de la publicidad gubernamental vuelve al centro del debate. La organización cívica Participación Ciudadana advirtió que la falta de reglas claras en el manejo de estos recursos pone en riesgo la transparencia y puede afectar la libertad de expresión en República Dominicana.
La entidad sostiene que el país carece de una normativa sólida que establezca cómo se asigna, distribuye y supervisa la inversión publicitaria del Estado, lo que abre espacio a discrecionalidad en su uso.
Falta de ley y supervisión agravan el problema
La vocera Leidy Blanco señaló que uno de los principales vacíos institucionales es la ausencia de una legislación que obligue a transparentar el contenido y destino de la publicidad oficial.
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Según explicó, históricamente los gobiernos han manejado estos fondos sin controles efectivos, destinando millones de pesos sin mecanismos claros de rendición de cuentas. A su juicio, esto facilita que la promoción estatal se utilice con fines políticos o personales.
Blanco también advirtió que la distribución selectiva de la publicidad puede influir en los medios de comunicación, afectando la diversidad de opiniones y generando presiones económicas sobre el sector.
Avances en libertad de expresión, pero con alertas
Las declaraciones se producen en un contexto en el que República Dominicana ha logrado posicionarse como líder regional en libertad de prensa, tras ocupar el primer lugar entre 23 países en el Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa.
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Sin embargo, el informe advierte señales de alerta y describe un "periodo crítico", marcado por lo que denomina una "mordaza sigilosa". Este fenómeno combina la fragilidad económica de los medios, el uso discrecional de la publicidad estatal y tensiones derivadas de iniciativas legislativas recientes.
Desde Participación Ciudadana reconocen avances en tolerancia y pluralidad, pero insisten en que la democracia dominicana aún enfrenta retos estructurales.
La organización concluye que regular y fiscalizar el gasto en publicidad estatal es clave para fortalecer la institucionalidad y garantizar un ejercicio pleno de la libertad de expresión.