El Gobierno dominicano intentó bajar la tensión política generada por el acuerdo migratorio con Estados Unidos al afirmar que el memorándum no obliga jurídicamente al país y puede cancelarse en cualquier momento.
El canciller Roberto Álvarez defendió el entendimiento durante una rueda de prensa y aseguró que República Dominicana mantiene control total sobre cada solicitud relacionada con el ingreso temporal de extranjeros deportados desde territorio estadounidense.
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"El Gobierno dominicano recibe solicitudes de nuestros socios, no presiones. Nosotros decidimos cuáles nos convienen y en cuáles no", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.
Canciller insiste en que no se compromete la soberanía
Álvarez explicó que el acuerdo funciona como un instrumento limitado de cooperación internacional y no implica cesión de autonomía nacional.
También sostuvo que las personas incluidas en el mecanismo permanecerán en tránsito por República Dominicana solo durante algunos días antes de ser retornadas a sus países de origen.
"Quiero ser enfático: nadie entrará a nuestro territorio sin la autorización del Gobierno dominicano", declaró.
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El funcionario precisó que el memorándum aplica exclusivamente para personas que no han ingresado formalmente ni al sistema migratorio estadounidense ni al dominicano.
El pacto excluye haitianos y personas con antecedentes
El canciller reiteró que el acuerdo no contempla nacionales haitianos, menores de edad no acompañados ni individuos con antecedentes penales.
Además, aseguró que toda cooperación bilateral se ejecutará bajo las leyes dominicanas y dentro de parámetros definidos de soberanía nacional.
Las declaraciones llegan mientras continúan las críticas de sectores políticos, jurídicos y sociales que exigen mayor transparencia sobre el contenido completo del memorando firmado con Washington.