El acuerdo firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir deportados de terceros países ya escaló al Congreso Nacional, donde senadores y diputados buscan interpelar al canciller Roberto Álvarez para exigir explicaciones públicas sobre sus alcances reales.
La presión legislativa surge en medio de crecientes dudas sobre soberanía, control migratorio y el papel que asumiría el país dentro de la estrategia regional impulsada por Washington.
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Los congresistas cuestionan que todavía no exista información detallada sobre cómo funcionará el mecanismo de aplicación ni cuáles serán las responsabilidades concretas del Estado dominicano.
Legisladores ven contradicciones del Gobierno
La controversia aumentó luego de que sectores políticos recordaran declaraciones previas del presidente Luis Abinader, quien había asegurado que República Dominicana no estaba dispuesta a recibir deportados extranjeros que no fueran nacionales dominicanos.
Aunque las autoridades aclararon que el acuerdo excluye a ciudadanos haitianos y menores no acompañados, legisladores consideran que persisten vacíos sobre el alcance operativo y jurídico del memorando.
Por esa razón, diputados y senadores pretenden que Roberto Álvarez comparezca ante el Congreso para explicar las condiciones pactadas con Estados Unidos.
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El acuerdo también incluye facilidades aéreas
El memorando, firmado bajo la iniciativa regional Escudo de las Américas, contempla además la extensión de autorizaciones temporales para acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en territorio dominicano.
Ese punto también ha generado atención dentro del escenario político nacional, debido a sus implicaciones en materia de seguridad y cooperación bilateral.
Mientras tanto, el debate continúa creciendo entre sectores que exigen mayor transparencia sobre el acuerdo y el impacto que podría tener en la política migratoria y la soberanía dominicana.