El Gobierno dominicano endureció este miércoles su defensa del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos y aseguró que ninguna persona será recibida en el país sin autorización expresa de las autoridades dominicanas.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que República Dominicana conservará el control absoluto sobre la aplicación del memorando, en medio de crecientes cuestionamientos sobre soberanía, seguridad y manejo migratorio.
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"Dependen al fin y al cabo de la decisión y la aceptación del Gobierno dominicano sobre cualquier solicitud que se nos haga", sostuvo el funcionario al responder a las críticas surgidas tras conocerse el acuerdo.
El Gobierno insiste en que no cede soberanía
Paliza aseguró que el memorando fue diseñado para proteger los intereses nacionales y reiteró que el convenio excluye a nacionales haitianos y menores de edad no acompañados.
También reconoció que el tema necesita mayores explicaciones públicas y señaló que la Cancillería deberá ampliar los detalles del mecanismo para evitar confusiones.
El acuerdo, firmado bajo la iniciativa Escudo de las Américas, contempla el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales y bajo condiciones de tránsito.
EE.UU. cubrirá apoyo financiero y operativo
Según explicó la Cancillería, el mecanismo será aplicado caso por caso y contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para garantizar la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado hacia los países de origen.
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El Ejecutivo insiste en que la implementación se realizará bajo el ordenamiento jurídico dominicano y sin modificar las políticas migratorias ni los procedimientos fronterizos vigentes.
El acuerdo se vincula con seguridad regional
El Gobierno afirmó que la cooperación con Washington busca fortalecer acciones contra el narcotráfico, el crimen transnacional organizado y el terrorismo, además de promover una gestión migratoria regional más ordenada.
Mientras tanto, el debate político continúa creciendo debido a las dudas sobre el alcance real del memorando y las responsabilidades que asumiría República Dominicana.