La paralización del proyecto minero Romero, en San Juan, generó rechazo en el sector empresarial, que advierte riesgos para la estabilidad de las reglas de inversión y los procesos institucionales.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargam, cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de detener las actividades vinculadas a esta iniciativa extractiva, al considerar que abre dudas sobre la consistencia en la toma de decisiones públicas.
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Preocupación por señales a la inversión
El representante empresarial sostuvo que suspender el proyecto sin un sustento técnico claro puede afectar la confianza en los marcos regulatorios. A su juicio, las políticas públicas deben apoyarse en evidencia y mantener coherencia para garantizar seguridad jurídica.
El Presidente @luisabinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la “detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero” pues plantea interrogantes sobre resguardar…
— Cesar Dargam (@cesardargam) May 5, 2026
Dargam planteó que este tipo de medidas envía señales contradictorias, especialmente en sectores que requieren planificación a largo plazo, como la minería.
Defensa de minería con controles
Aunque reconoció la disposición al diálogo del presidente Luis Abinader, insistió en que detener la iniciativa implica desaprovechar oportunidades de desarrollo económico.
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En ese sentido, defendió que la actividad minera puede ejecutarse bajo estándares que equilibren impacto ambiental, beneficios sociales y rentabilidad económica, siempre que existan regulaciones efectivas y supervisión adecuada.
El planteamiento reabre el debate sobre el rol de la minería en el país, en momentos en que distintos sectores mantienen posiciones encontradas sobre su viabilidad y conveniencia.