Estados Unidos elevó este miércoles la presión contra Cuba al imputar formalmente al expresidente Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves, en uno de los movimientos judiciales más agresivos lanzados contra la cúpula castrista en décadas.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia en una corte federal de Florida responsabiliza a Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, incidente en el que murieron cuatro aviadores vinculados a operaciones de apoyo a balseros cubanos.
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Según el expediente judicial, Raúl Castro habría ordenado el ataque cuando ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, posición que lo colocaba en la máxima línea de mando militar del país.
Washington revive uno de los episodios más tensos con Cuba
La acusación incluye los nombres de varios militares cubanos señalados de participar en la operación que acabó con la vida de Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.
El Gobierno cubano sostuvo en aquel momento que las aeronaves habían violado su espacio aéreo y calificó a los pilotos como "terroristas". Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales.
El anuncio se produjo en Miami, símbolo político del exilio cubano, durante una comparecencia del fiscal general interino Todd Blanche, quien aseguró que Washington buscará llevar a Castro ante la justicia.
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Trump endurece el cerco sobre La Habana
La ofensiva judicial ocurre en medio de la escalada de presión impulsada por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano.
Washington ha reforzado sanciones, endurecido restricciones energéticas y aumentado el discurso de confrontación contra La Habana, mientras la isla atraviesa una severa crisis económica y energética.
Aunque las autoridades estadounidenses no explicaron cómo ejecutarían una eventual captura del exmandatario de 94 años, la imputación marca la primera vez que un dirigente cubano de tan alto nivel enfrenta cargos penales directos en territorio estadounidense por la muerte de ciudadanos norteamericanos.
Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y las calificó como parte de una operación política contra la revolución cubana.