Jean Alain Rodríguez llevó su defensa a un nuevo nivel en el juicio de fondo por presunta corrupción en la Procuraduría General de la República, al sostener que el propio Consejo Superior del Ministerio Público aprobó todas sus actuaciones y le otorgó un "descargo completo, absoluto y definitivo".
El exprocurador, que se representa a sí mismo en el proceso judicial, centró su intervención en varias resoluciones del Consejo Superior del Ministerio Público que, según afirmó, desmontan las acusaciones relacionadas con el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
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Las resoluciones que usa como escudo judicial
Rodríguez aseguró que cuatro resoluciones del Consejo Superior del Ministerio Público validaron los actos, ejecuciones y operaciones realizadas entre 2016 y 2020, incluyendo el manejo de recursos destinados al sistema penitenciario.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, mediante ese plan se habría producido una estafa al Estado ascendente a RD$6,000 millones.
Los documentos citados por Jean Alain fueron firmados por miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, entre ellos Rodolfo Espiñeyra Ceballos, José del Carmen Sepúlveda, Pedro Frías Morillo, Erika Yenniffer Pujols Pujor y Ena Ortega.
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Todas las resoluciones concluyen otorgando "descargo completo, absoluto y definitivo" al entonces procurador general.
Jean Alain acusa persecución y contradicción interna
El exfuncionario afirmó que existe una contradicción dentro del propio Ministerio Público porque algunos de los funcionarios que aprobaron esas operaciones permanecen en cargos de alto nivel o fueron ratificados por la actual gestión.
Incluso señaló que Rodolfo Espiñeyra Ceballos fue sustituto de Miriam Germán y continúa vinculado a la estructura encabezada ahora por Yeni Berenice Reynoso.
Jean Alain también sostuvo que la acusación responde a "enemistad, odio y resentimiento" de fiscales subordinados que, según dijo, no podían investigarlo conforme al artículo 80 de la Ley 133-11.
El juicio de fondo, fijado originalmente para septiembre de 2024, continúa en fase de incidentes mientras el exprocurador insiste en que los tribunales no pueden juzgar actos previamente aprobados por el propio órgano acusador.