La crisis dentro del sistema judicial dominicano salió este jueves de los tribunales y pasó a las calles. Jueces, juezas y servidores judiciales denunciaron públicamente precariedad laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo y abandono institucional, en una protesta que eleva la presión sobre el Consejo del Poder Judicial.
A través del "Manifiesto por la dignidad de la justicia", los firmantes aseguraron que las condiciones actuales están deteriorando la calidad del servicio judicial y empujando al sistema hacia un punto crítico.
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El documento denuncia falta de personal, renuncias constantes, inseguridad en los palacios de justicia y una carga laboral que obliga a empleados y magistrados a asumir tareas múltiples sin apoyo suficiente.
Acusan gastos excesivos mientras tribunales colapsan
Los manifestantes también cuestionaron el manejo del presupuesto del Poder Judicial, señalando presuntos gastos elevados en viajes, actividades, publicidad y decoración, mientras persisten carencias básicas en tribunales y oficinas judiciales.
Según expresaron, las respuestas ofrecidas hasta ahora por el Consejo del Poder Judicial no resuelven los problemas estructurales que arrastra el sistema desde hace años.
Entre los reclamos más fuertes figura la falta de medidas concretas para corregir desigualdades salariales, eliminar la suplencia horizontal y reducir la sobrecarga operativa que afecta a jueces y servidores.
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Las propuestas del Consejo no convencen
El conflicto se intensificó después de que el Consejo presentara el pasado 19 de mayo una propuesta de indexación salarial ligada a la aprobación de un presupuesto complementario.
Los protestantes calificaron esa iniciativa como imprecisa y sin garantías de ejecución, al igual que la hoja de ruta sobre movilidad judicial, que -según afirman- carece de fechas y acciones específicas.
"Esto apenas es el inicio", advirtieron en el manifiesto, dejando abierta la posibilidad de nuevas jornadas de presión dentro del sistema judicial.
Con el lema "Que la dignidad comience por casa", jueces y servidores sostienen que no puede existir justicia eficiente mientras quienes la administran trabajan bajo precariedad y desgaste permanente.