Senador propone ley para frenar gasto y regular publicidad estatal

El Senado de la República recibió una iniciativa que busca cambiar de forma estructural la forma en que el Estado dominicano contrata publicidad, con límites al gasto y nuevas reglas para evitar el uso político de los recursos públicos.


Antonio Taveras Guzmán sobre fondo artístico del Congreso Nacional de la República Dominicana


El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, depositó el proyecto de ley con el objetivo de establecer criterios de transparencia, racionalidad y control en la contratación de publicidad estatal, en un contexto marcado por presiones de ajuste fiscal.


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Durante su intervención en el pleno senatorial, el legislador argumentó que la coyuntura económica internacional y el llamado del Gobierno a la eficiencia del gasto hacen necesario reducir erogaciones consideradas innecesarias dentro del presupuesto público.


Tope al gasto y reglas más estrictas

La pieza legislativa plantea fijar un límite anual al gasto en publicidad estatal, con excepciones solo en casos de emergencia o urgencia debidamente justificados, lo que permitiría -según el senador- una reducción significativa del presupuesto destinado a este renglón.

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    Además, la propuesta eleva a rango legal lineamientos ya contemplados en el Reglamento 1-24 del Poder Ejecutivo, reforzando el marco normativo sobre contratación de publicidad gubernamental.


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    El proyecto también define con precisión el uso permitido de la publicidad estatal, restringiéndola a fines institucionales y de orientación ciudadana, y prohibiendo su utilización con fines políticos o de promoción de intereses particulares.


    Debate sobre Estado, medios y recursos públicos

    Taveras Guzmán sostuvo que la iniciativa abre la puerta a una discusión más amplia sobre la relación entre el Estado dominicano y los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, en materia de contratación publicitaria.


    El legislador insistió en que el objetivo central es asegurar que los recursos públicos destinados a publicidad sean utilizados con criterios de transparencia y utilidad pública.

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