La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) expresó su preocupación por la aprobación en el Senado del proyecto que modifica la Ley 98-25 (antigua 225-20) de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa avanzó sin consultas suficientes ni estudios técnicos que sustenten su impacto económico.
La organización advirtió que el proyecto podría afectar la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas, medianas y microempresas, al imponer cargas que, según afirma, pondrían en riesgo su sostenibilidad y la preservación de empleos.
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Sector cuestiona falta de diálogo y análisis técnico
El presidente de ANADIVE, César De los Santos, recordó que durante el primer cuatrimestre del año las autoridades habían alcanzado un acuerdo verbal con organizaciones empresariales para consensuar modificaciones a la legislación, proceso que, a su juicio, no se materializó antes de la aprobación en el Senado.
Sostuvo que la iniciativa ahora representa una oportunidad para que la Cámara de Diputados incorpore observaciones del sector privado y construya una normativa que combine la protección ambiental con la equidad fiscal y el desarrollo económico.
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Distribuidores alertan sobre cargas tributarias
ANADIVE argumentó que una parte significativa de los distribuidores de vehículos opera como intermediaria y obtiene márgenes de comercialización reducidos, generalmente entre un 3 % y un 5 %, por lo que considera incorrecto que las contribuciones se calculen sobre el total de las ventas y no sobre las utilidades reales.
La entidad también advirtió que el proyecto mantiene incrementos en las contribuciones previstas por la legislación, con categorías que oscilan entre RD$3,000 y RD$675,000, además de señalar que el sector ya asume otros tributos, como los vinculados a las emisiones de CO₂ y la gestión de residuos.
Piden ajustes antes del debate en la Cámara de Diputados
La organización instó a ampliar el proceso de consultas y revisar los aspectos que considera inequitativos antes de que la propuesta sea conocida por la Cámara de Diputados.
Según ANADIVE, introducir cambios que reflejen las particularidades de cada actividad económica permitiría evitar distorsiones en el clima de negocios y preservar la capacidad operativa de las empresas del sector automotriz.