La posibilidad de que condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura chilena accedan a indultos presidenciales ha reactivado la controversia política y generado inquietud entre organizaciones de víctimas. El debate tomó fuerza después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, evitara descartar esa opción.
El funcionario sostuvo que cada solicitud debe analizarse según sus antecedentes particulares y precisó que el indulto no implica revisar una sentencia judicial, sino evaluar circunstancias específicas contempladas en cada expediente.
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Más de 40 solicitudes esperan decisión presidencial
Según informó Rabat, el Ejecutivo ha recibido más de cuarenta peticiones de indulto presidencial. Entre ellas figuran solicitudes relacionadas con delitos de lesa humanidad, casos vinculados a las protestas de 2019 y condenas por delitos comunes.
La declaración adquiere mayor relevancia debido a que, durante la campaña electoral, el presidente José Antonio Kast manifestó disposición a considerar beneficios para exagentes condenados por crímenes cometidos durante la dictadura civil militar.
Crece la preocupación de organizaciones de derechos humanos
Familiares de víctimas y agrupaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado diversas decisiones adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la actual administración.
Entre los episodios que han generado críticas figura la liberación de un condenado por 86 casos de desaparición forzada tras la obtención de beneficios carcelarios, así como la reducción presupuestaria aplicada a la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
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El debate también alcanza a casos del estallido social
La discusión no se limita a delitos cometidos durante la dictadura. El Gobierno ha confirmado que también estudia posibles indultos para policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas de 2019.
Aquellos hechos dejaron más de treinta fallecidos y decenas de personas con lesiones oculares, convirtiéndose en uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente de Chile.
El indulto presidencial está contemplado en la Constitución chilena y permite remitir, reducir o sustituir la pena de personas condenadas mediante sentencia firme, una facultad que ahora vuelve al centro del debate político y judicial del país.