La demolición de una vivienda construida en la franja de protección del río Maimón abrió una disputa entre una familia y el Ministerio de Medio Ambiente, al que acusan de ejecutar la intervención sin aviso previo, sin permitirles defenderse y sin mostrar una orden judicial.
La familia sostiene que la actuación estatal vulneró su derecho al debido proceso y reclama a la Procuraduría General de la República investigar cómo se produjo la demolición y si existieron intereses particulares detrás de la medida.
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La intervención ocurrió el miércoles 26 de agosto. Según la denuncia, desde entonces una abuela de 95 años permanece afectada emocionalmente tras presenciar la destrucción de la vivienda que, de acuerdo con sus familiares, fue levantada con años de esfuerzo económico.
La familia cuestiona el fundamento de la demolición
Los denunciantes aseguran que el argumento técnico utilizado por las autoridades fue una diferencia de aproximadamente tres metros respecto a la normativa de elevación sobre el río.
A su juicio, esa variación no representaba una amenaza para la seguridad ni para el entorno. Afirman que, en lugar de permitir una adecuación de la estructura, las autoridades optaron por derribarla de inmediato.
La familia también sostiene que sus padres financiaron la construcción mediante años de trabajo y venta de chimi, por lo que considera que la demolición destruyó un proyecto familiar construido durante décadas.
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Acusan trato desigual frente a otras denuncias
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la supuesta diferencia de respuesta de las autoridades ambientales.
Los familiares aseguran que previamente denunciaron a terceros por intervenir directamente el río y pavimentar un badén, pero afirman que esa denuncia no recibió una respuesta comparable con la rapidez empleada para demoler su vivienda.
También alegan que durante años han denunciado situaciones de acoso y presiones relacionadas con sus terrenos.
El Ministerio de Medio Ambiente ha realizado durante este fin de semana varias intervenciones ambientales. Algunas infraestructuras fueron demolidas, mientras otras quedaron sujetas a acuerdos y procesos de seguimiento para realizar evaluaciones técnicas.
La familia pide ahora que la Procuraduría General de la República determine si hubo irregularidades, establezca responsabilidades y examine los posibles intereses particulares relacionados con el caso.