El proceso judicial contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, habría superado el límite legal para su duración sin que la defensa provocara retrasos, según el abogado Manuel Sierra, quien sostiene que el expediente se encuentra extinguido.
Sierra explicó que las juezas reconocieron que el caso ya había sobrepasado los cuatro años establecidos por la legislación y que el expediente acumula más de cinco años. Afirmó que ese tiempo transcurrió sin dilaciones atribuibles a Jean Alain Rodríguez ni a sus abogados.
$ads={1}
"Todo eso ha transcurrido sin la más mínima dilación que hayan generado los imputados", expresó el jurista.
Sierra cuestiona que el Estado prolongue los procesos
El abogado sostuvo que el principio de plazo razonable busca impedir que el Estado mantenga una persecución penal abierta indefinidamente por circunstancias derivadas de sus propias actuaciones.
A su juicio, las extensiones excepcionales de los plazos deben responder a factores externos al proceso, como una suspensión general del sistema judicial durante una emergencia nacional, y no utilizar la complejidad del expediente como justificación para prolongarlo.
Sierra también cuestionó la manera en que el Estado estructura determinados procesos y citó como referencia el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México, al sostener que el propio Estado ha sido señalado por obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.
$ads={2}
Nueva legislación contempla plazos mayores
El jurista explicó que la nueva legislación establece un período más amplio para los procesos complejos. Según su interpretación, ese cambio podría favorecer a imputados mediante el principio de retroactividad, aunque sostuvo que esa disposición no sería aplicable a Jean Alain Rodríguez.
Incluso bajo la nueva normativa, afirmó Sierra, el expediente ya habría excedido el plazo permitido.
El abogado insistió en que el Estado no puede beneficiarse de sus propias decisiones para atribuir a los imputados la tardanza de un proceso. Para Sierra, permitirlo convertiría la duración del expediente en una vía para mantener indefinidamente abierta la persecución penal.