La ocupación de las franjas protegidas de ríos vuelve a quedar bajo presión de las autoridades ambientales, que intensificaron las fiscalizaciones y advierten que las construcciones levantadas dentro de esas áreas pueden ser paralizadas o demolidas.
El jurídico de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Aquino, sostuvo que la institución puede intervenir estas zonas sin obtener previamente una orden judicial.
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Aquino citó la Ley General de Medio Ambiente (64-00) y, específicamente, su artículo 129, como fundamento para actuar sobre áreas de dominio público.
Un acuerdo bajo presión queda en disputa
Durante una inspección a una villa turística construida junto al río Yaque del Norte, en Las Guázaras, Jarabacoa, Aquino protagonizó una acalorada conversación con la defensa del propietario.
El representante jurídico denunció posteriormente ante la prensa que el convenio alcanzado con el propietario, identificado como el señor Riva, se produjo bajo presión militar y sin garantizar el derecho de defensa.
El acuerdo preliminar establece que Riva entregaría voluntariamente al Estado la franja frontal del inmueble ubicada dentro del perímetro protegido. El área sería destinada a uso comunitario, evitando por ahora una demolición inmediata.
Medio Ambiente advirtió que si el pacto institucional no se mantiene, retomará el operativo para demoler la infraestructura.
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Nueve estructuras fueron alcanzadas por la fiscalización
Las actuaciones en Jarabacoa forman parte de una jornada durante la cual el Ministerio de Medio Ambiente intervino al menos nueve estructuras ubicadas dentro de las distancias establecidas como reserva legal.
En Monseñor Nouel, las autoridades demolieron una edificación que ocupaba la franja de protección del río Maimón. La evaluación técnica determinó que tres de los seis vértices de la construcción estaban dentro de los 30 metros establecidos para las corrientes fluviales.
El expediente señala que la obra había sido paralizada formalmente en agosto de 2025 y nuevamente en 2026, pero los desarrolladores continuaron los trabajos.
Los inspectores también localizaron otra edificación en construcción dentro del margen protegido de un cauce y aplicaron las medidas cautelares correspondientes.
En Las Guázaras, el operativo contó con unos 50 agentes de fiscalización ambiental, desplegados para verificar las estructuras y hacer cumplir las disposiciones ambientales.