Las denuncias sobre posibles irregularidades en las adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) vuelven a poner bajo escrutinio la forma en que se están evaluando y cerrando cocinas vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La experta en Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), Elizabeth Beriguete, afirmó que el director general de Compras y Contrataciones Públicas (DGCC), Carlos Pimentel, todavía no domina la complejidad de la presunta colusión que, según su análisis, habría ocurrido en Inabie.
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Beriguete sostuvo durante una entrevista en Panorama de la Mañana que el fenómeno no se limitaría a acuerdos entre dos o tres oferentes, sino que involucraría, según su denuncia, a empresarios con múltiples cocinas y funcionarios que intervienen en distintas etapas de los procesos.
Beriguete cuestiona el cierre de cocinas
La especialista afirmó que 40 cocinas ya han sido cerradas y cuestionó que las actuaciones de funcionarios que, según ella, participaron en los procesos no hayan recibido consecuencias.
También aseguró que a una parte de las cocinas que resultaron adjudicatarias se les habrían retirado sus contratos y que el procedimiento utilizado habría agrupado decisiones en «combos».
Beriguete recordó que en septiembre de 2025 había advertido sobre el rumbo que podían tomar los procesos de adjudicación y comparó la situación actual con las administraciones anteriores de Cecilio Rodríguez y Víctor Castro.
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Sobre la gestión actual de Adolfo, la auditora forense consideró que todavía enfrenta dificultades para manejar las dinámicas internas de Inabie y afirmó que «no ha logrado manejar el tigueraje que existe en Inabie».
Una investigación señala a 45 oferentes
En cuanto a la evaluación de las cocinas, Beriguete afirmó que el proceso terminó dividido entre quienes recibieron respaldo y quienes perdieron sus adjudicaciones.
Según la muestra de investigación presentada por la especialista, con alcance geográfico nacional, 45 oferentes estarían reclamando por la pérdida de adjudicaciones relacionadas con el PAE.
La experta sostiene que estas actuaciones entrarían en contradicción con la Ley Núm. 74-25, cuyo Artículo 1 establece el régimen jurídico de la contratación pública y busca garantizar el uso eficiente de los fondos públicos, además de proteger el interés general y los derechos fundamentales.
La normativa y los criterios de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y ProCompetencia contemplan como modalidades de colusión la fijación de precios, las ofertas de resguardo, la rotación de ganadores, la asignación de mercados o clientes y la abstención concertada.