Los contratos por unos RD$110 millones adjudicados a tres jóvenes de entre 23 y 24 años no implican un desembolso automático del Estado: los proveedores solo cobrarán por las raciones de alimentos que efectivamente entreguen durante los dos años de vigencia contractual.
El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Adolfo Pérez, explicó que una empresa de reciente creación puede competir en estos procesos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que demuestre capacidad para cumplir las obligaciones establecidas.
La institución, además, mantiene bajo investigación la denuncia relacionada con las empresas cuestionadas y aseguró que revisará el cumplimiento de todos los requisitos.
La edad no impide contratar con el Estado
Pérez rechazó que tener 23 o 24 años constituya por sí mismo un impedimento para administrar una empresa o participar en una contratación pública.
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Según explicó, ni la legislación de compras públicas ni la Constitución establecen una edad mínima como requisito para tener una empresa o hacer negocios con el Gobierno.
El funcionario sostuvo que exigir una trayectoria empresarial extensa cerraría las compras públicas a nuevos emprendedores y limitaría el acceso de las Mipymes.
Los RD$110 millones no se pagan de una vez
Los contratos tienen una duración de 24 meses, período durante el cual los suplidores deben entregar diariamente las raciones de alimentos en los centros educativos y cumplir con los estándares de cantidad y calidad.
El monto adjudicado establece el límite de facturación durante la vigencia del contrato, pero el pago depende de las entregas realizadas.
Por eso, un contrato de RD$20 millones, RD$50 millones o RD$110 millones no significa que esa cantidad será desembolsada automáticamente.
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Pérez enfatizó que si un proveedor no entrega el almuerzo escolar, no cobra por esas raciones.
Inabie revisa las empresas cuestionadas
El director afirmó que las empresas señaladas han cumplido hasta ahora con las condiciones del pliego, pero mantuvo abierta la investigación sobre las denuncias.
El proceso de contratación incluía mecanismos para acreditar solvencia y capacidad financiera. Entre ellos figuraba una carta de crédito o compromiso, que podía ser bancaria o emitida por suplidores.
Pérez aseguró que el Inabie verificará con detalle que los adjudicatarios mantengan las condiciones requeridas y cumplan sus obligaciones.
La apuesta es ampliar la participación de las Mipymes
El funcionario defendió una política que busca incorporar nuevos proveedores al Programa de Alimentación Escolar, en lugar de concentrar las contrataciones en empresas con mayor antigüedad o capacidad financiera.
Como parte de esa estrategia, citó el incremento de la participación de la manufactura local en la contratación de zapatos escolares, que, según indicó, pasó de 60% a 80%.
Pérez sostuvo que la apertura a nuevos proveedores no supone eliminar los controles y afirmó que cada contrato será supervisado. Su argumento central es que los recursos del Inabie deben estar vinculados al cumplimiento efectivo del servicio.