Los estudiantes dominicanos que reciban becas estatales para estudiar en el extranjero podrían quedar obligados a regresar al país y permanecer entre dos y cinco años, según el proyecto de ley que aprobó este miércoles la Cámara de Diputados en segunda discusión.
La iniciativa, presentada por el diputado José Caraballo, busca ampliar el acceso a la educación superior, técnica y profesional mediante financiamiento público dirigido a estudiantes dominicanos.
El proyecto establece que quienes incumplan el compromiso de retorno podrían tener que devolver al Gobierno parte o la totalidad del dinero utilizado para financiar sus estudios, conforme a las condiciones que determine la legislación.
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La propuesta fundamenta esta obligación en el principio de reciprocidad social: los conocimientos obtenidos con recursos públicos deben posteriormente contribuir al desarrollo de República Dominicana.
Becas tendrán condiciones y sanciones
Los beneficiarios deberán mantener un rendimiento académico mínimo, utilizar los fondos exclusivamente para su formación y entregar a las autoridades la documentación exigida.
El incumplimiento podría provocar amonestaciones escritas o la suspensión temporal del financiamiento. Si se comprueba el uso indebido de los recursos, el beneficiario tendría que devolver proporcionalmente los fondos comprometidos y podría quedar excluido de nuevas convocatorias durante hasta tres años.
Las consecuencias aumentan cuando se detecten documentos falsos o adulterados, fraude con el dinero público o manipulación de registros académicos.
En esos casos, la beca podría cancelarse definitivamente, con obligación de devolver todos los recursos recibidos y una posible inhabilitación para solicitar nuevas becas durante hasta 10 años.
Cuando los hechos puedan constituir delitos, el expediente será remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Funcionarios también enfrentarían consecuencias
El proyecto contempla responsabilidades para funcionarios que incurran en corrupción, favoritismo o asignaciones irregulares de becas.
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Además de las sanciones previstas específicamente en la iniciativa, podrían aplicarse las establecidas en las normas sobre Función Pública, Compras y Contrataciones Públicas, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La aprobación en la Cámara de Diputados no convierte todavía la propuesta en ley. El proyecto pasará ahora al Senado de la República, donde deberá superar el proceso legislativo correspondiente.
Si obtiene también el respaldo de los senadores, el presidente Luis Abinader tendrá la facultad de decidir si promulga la iniciativa.