Los territorios colombianos golpeados por el terremoto del 10 de agosto podrán utilizar excepcionalmente recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para financiar la atención y recuperación de la emergencia.
La decisión forma parte de un paquete de once decretos anunciado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuando se aproxima un mes del sismo de magnitud 7,4, que afectó a 494 municipios de 16 departamentos.
El balance oficial registra 331 muertos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos, mientras el Gobierno comienza a desplazar el foco desde la respuesta inmediata hacia la reconstrucción.
Gobierno crea fondo para financiar la reconstrucción
Entre las nuevas medidas figura el Fondo Patria Milagro, diseñado para recibir y administrar recursos nacionales e internacionales destinados a reconstruir las zonas devastadas.
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El Ejecutivo estima que las obras necesarias superarán los 30 billones de pesos, equivalentes a unos 9.500 millones de dólares.
El paquete también permite destinar temporalmente recursos para contribuir a garantizar el servicio de energía en las áreas afectadas y establece una modalidad especial de «obras por impuestos», mediante la cual empresas constructoras podrán financiar proyectos y posteriormente descontar esos aportes de sus obligaciones tributarias.
La normativa incorpora además las inversiones interjurisdiccionales, que permitirán a una entidad territorial financiar o cofinanciar proyectos ejecutados fuera de sus límites durante la emergencia, bajo condiciones específicas.
El presidente defendió esta posibilidad al señalar que una crisis de esta dimensión trasciende las fronteras administrativas, ya que una obra en un municipio puede resultar decisiva para restablecer la movilidad, los servicios públicos o la actividad económica de toda una región.
Educación y datos tendrán reglas especiales
Otro decreto establece un régimen excepcional y temporal para que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) pueda tratar información estadística reservada con el propósito de identificar con mayor precisión a las familias damnificadas y orientar hacia ellas los recursos públicos.
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En materia educativa, los centros afectados podrán trasladar temporalmente sus actividades a espacios distintos de sus sedes habituales mientras se recuperan los planteles dañados.
El Gobierno también flexibilizará el calendario académico de las instituciones ubicadas en las zonas afectadas por el terremoto.
De la Espriella sostuvo que la nueva etapa estará centrada en la ejecución y advirtió que los recursos y mecanismos extraordinarios deberán convertirse en soluciones concretas para las comunidades afectadas.