El Gobierno de Colombia mantendrá las operaciones de la Fuerza Pública para intentar localizar y liberar a los cuatro secuestrados que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoce tener en su poder, después de que el presidente Abelardo de la Espriella descartara cualquier intercambio.
Los retenidos son el mayor Fredy Alexis Russi González, los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), además de la ciudadana Angi Jácome.
Los cuatro fueron secuestrados el 17 de agosto cuando se desplazaban por la vía entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander.
El ELN plantea la posibilidad de un canje
La guerrilla confirmó que mantiene retenidas a las cuatro personas y afirmó que permanecen en buenas condiciones de salud y atención. El grupo armado también las vinculó con supuestas actividades criminales y con integrantes del Frente 33.
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En su comunicado, el ELN sostuvo que los tres policías permanecerán retenidos mientras, según su versión, se esclarecen las actividades que realizaban. También indicó que la posibilidad de recuperar la libertad mediante un canje es una alternativa que la organización contempla.
De la Espriella respondió que no habrá intercambio y reclamó la liberación inmediata de los cuatro secuestrados. El mandatario afirmó además que desde el 17 de agosto ordenó desplegar las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables.
El Gobierno mantiene la presión militar
El presidente advirtió que los secuestros y ataques contra integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía tendrán respuesta estatal, y aseguró que las operaciones continuarán dentro de la Constitución y la ley.
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El pronunciamiento ocurre después de que las autoridades rescataran esta semana a ocho personas que llevaban dos años secuestradas por el ELN en una zona rural de Norte de Santander, región donde también operan disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales.
Estas estructuras mantienen disputas por el control de cultivos de coca y de corredores utilizados para el narcotráfico.