La Oficina Nacional de la Defensa Pública no asignará defensores públicos para representar empresas ni organizaciones privadas, debido a que su servicio de asistencia legal gratuita está destinado esencialmente a personas físicas, informó su director nacional, Dr. Rodolfo Valentín.
Valentín sostuvo que algunos tribunales del Distrito Nacional están requiriendo la participación de defensores públicos en procesos donde figuran empresas privadas, una práctica que, a su juicio, contradice el alcance establecido por la Constitución de la República y la Ley de la Defensa Pública.
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El funcionario afirmó que la institución respeta las decisiones judiciales, pero mantendrá su posición de no asumir la representación de personas jurídicas privadas.
Defensa Pública cuestiona interpretación de los tribunales
Valentín explicó que algunos jueces fundamentan sus requerimientos en que la legislación utiliza el término "persona" sin establecer una exclusión expresa para las empresas.
Sin embargo, señaló que la propia Constitución distingue entre personas físicas y personas jurídicas, cuyos derechos fundamentales no son idénticos.
El director nacional consideró que interpretar esa disposición como una obligación para que la Defensa Pública represente empresas privadas constituye un error jurídico.
También aseguró que no existe, dentro de los países de Iberoamérica, un modelo general en el que las defensorías públicas asuman la defensa de empresas privadas.
Como excepción, mencionó a España, donde existe un modelo aplicable a determinadas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a servicios sociales y humanitarios, como ONG y fundaciones.
Recursos ante el Tribunal Constitucional
La controversia ya llegó al Tribunal Constitucional, donde la Oficina Nacional de la Defensa Pública presentó varios recursos de revisión constitucional contra decisiones judiciales relacionadas con estos requerimientos.
Esos recursos permanecen pendientes de conocimiento.
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Valentín explicó que otros tribunales han adoptado una solución diferente: declaran en rebeldía a las empresas y continúan los procesos contra las personas físicas imputadas.
En esos casos, los acusados como personas físicas mantienen el acceso a la asistencia técnica de la Defensa Pública y pueden ejercer sus medios de defensa durante el proceso.
El director nacional, quien además es miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y coordinador del Caribe, reiteró que ninguna defensoría pública de la región brinda asistencia jurídica a empresas u organizaciones privadas.
La institución reafirmó que su misión es garantizar el derecho a la defensa de las personas que carecen de recursos para contratar un abogado privado, con especial atención a los sectores más vulnerables de República Dominicana.