La medida impide de forma provisional que cuatro empresas continúen inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), mientras se verifica si mantienen conexiones con personas y compañías investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y con carácter cautelar los registros de Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
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La decisión figura en el acto administrativo DGCP44-2026-003760, emitido el 14 de septiembre, después de cruces de información que detectaron coincidencias societarias, comerciales y familiares con proveedores cuyos registros habían sido suspendidos anteriormente.
La DGCP busca bloquear una participación indirecta
La institución señaló que existe un riesgo razonable de que sociedades relacionadas con personas o estructuras previamente suspendidas sean utilizadas para conservar indirectamente su participación económica en procesos de contratación con el Estado.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, indicó que la actuación se sustenta en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el 52-26.
El objetivo declarado es proteger los recursos públicos y preservar la integridad del sistema de compras del Estado.
La suspensión no implica culpabilidad
La DGCP precisó que la decisión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador. Por tanto, la suspensión no constituye una declaración de culpabilidad ni establece responsabilidad penal o administrativa para las empresas o sus ejecutivos.
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La medida continuará hasta que terminen las investigaciones judiciales relacionadas con los casos de origen o hasta que se compruebe que desaparecieron las circunstancias que llevaron a adoptar la suspensión.
El caso fue remitido a cinco instituciones
La DGCP envió el acto administrativo a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, DGII, Procuraduría General de la República y PEPCA para los fines correspondientes.
Con esta actuación, la institución busca impedir que estructuras vinculadas a proveedores previamente suspendidos puedan sortear las restricciones mediante otras sociedades y mantener su participación en las compras públicas.