La liberación de cientos de presos políticos y la reducción de algunas prácticas represivas no han cambiado las estructuras que, según la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, permitieron graves violaciones de derechos humanos.
La misión documentó 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero de 2026, además de condiciones de detención que considera deplorables y que, en algunos casos, habrían provocado muertes bajo custodia por malos tratos o falta de atención médica.
El informe también señala que entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, de acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales.
Las estructuras de seguridad y las leyes represivas permanecen
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia continúan vigentes y que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan sus estructuras.
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Al menos 19 funcionarios identificados previamente por la misión como responsables de graves violaciones de derechos humanos todavía ocupan posiciones clave, mientras los «colectivos» tampoco han sido desarmados ni desmantelados.
La presidenta de la misión, la experta peruana Sofía Macher, reconoció una reducción significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, junto con la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos.
También identificó un margen mayor para las protestas, las reuniones públicas y las actividades de la sociedad civil. Sin embargo, consideró que estos cambios no representan una transformación del sistema represivo.
Torturas y detenciones breves siguen bajo investigación
La misión registró denuncias de tortura y malos tratos contra detenidos por motivos políticos. Entre los casos documentados figuran intubaciones forzadas y confinamientos prolongados en cisternas subterráneas de El Rodeo I, prisión de máxima seguridad donde ese método es conocido como «la máquina del tiempo».
En Fuerte Guaicaipuro, instalación militar, también denunció personas recluidas en celdas similares a fosas subterráneas, además de privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes.
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De las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos identificadas durante los últimos 12 meses, unas 200 ocurrieron antes del 3 de enero. Después de esa fecha, la misión detectó arrestos de corta duración dirigidos a intimidar a activistas, opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil.
La ONU cuestiona el papel de los «colectivos»
El próximo informe que la misión presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se concentrará en los grupos civiles armados conocidos como «colectivos».
Según sus conclusiones, estos grupos no son organizaciones marginales, sino una parte central del aparato represivo estatal. La misión sostiene que su expansión durante los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez respondió a una estrategia política para fortalecer las bases de apoyo del proyecto político mediante violencia y coacción.
El documento también señala vínculos con instituciones estatales, incluida la incorporación de integrantes de los colectivos a la Policía Nacional Bolivariana y la participación de miembros activos o retirados de las fuerzas armadas y de seguridad en esos grupos.