Perú archiva proceso contra Kuczynski por lavado de activos

La justicia peruana cerró definitivamente el proceso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el presunto financiamiento irregular de su campaña electoral de 2016, una decisión que también elimina sus antecedentes penales y judiciales.


Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, saludando con la bandera peruana de fondo

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado el recurso presentado por la defensa y ordenó el archivo definitivo de la investigación por lavado de activos agravado y organización criminal.


La decisión se apoya en un criterio del Tribunal Constitucional

Los jueces aplicaron criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (TC) en procesos relacionados con Keiko Fujimori y Ollanta Humala. El máximo órgano constitucional consideró atípicos hechos vinculados con una modalidad de receptación patrimonial que no estaba tipificada cuando ocurrieron.


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Esa figura fue incorporada posteriormente mediante un Decreto Legislativo vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.


La Fiscalía sostenía que Kuczynski utilizó falsos aportantes, cenas para recaudar fondos, préstamos propios a su partido y transferencias a los tesoreros para financiar su candidatura de 2016. También había incorporado el delito de organización criminal en la campaña de Peruanos por el Kambio (PPK).


Kuczynski también había obtenido el sobreseimiento de otra causa

La resolución llega después de que en mayo el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera el sobreseimiento de la investigación contra Kuczynski por el presunto financiamiento irregular de su campaña de 2011.


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En ese expediente, la Fiscalía peruana le atribuía haber recibido 300.000 dólares procedentes de la Caja B de Odebrecht para financiar aquella candidatura.


Kuczynski, de 87 años y quien permaneció en prisión domiciliaria durante los últimos tres años, era presidente de Perú cuando el caso Odebrecht salió a la luz a finales de 2016.


La nueva decisión judicial no solo cierra el proceso de 2016: también ordena eliminar los antecedentes penales y judiciales asociados al exmandatario.


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