La República Dominicana obtuvo una victoria en un arbitraje internacional frente al empresario francés Yves Martine Garnier, cuyas reclamaciones contra el Estado superaban los US$100 millones, equivalentes a más de RD$5,882 millones.
El Tribunal Arbitral, mediante un laudo dictado el 19 de agosto de 2026, desestimó completamente las reclamaciones presentadas contra el Estado dominicano bajo el acuerdo de inversión suscrito entre República Dominicana y Francia en 1999.
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El proceso se inició el 4 de octubre de 2021 y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso número 2022-01. La disputa surgió tras la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos entre EGTT Dominicana, S.A., propiedad de Garnier, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Tribunal valida terminación del contrato de residuos
Los árbitros determinaron que la terminación del contrato se produjo conforme al derecho dominicano, debido a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
El tribunal también concluyó que los hechos presentados por Garnier no alcanzaban el nivel necesario para establecer una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano.
La decisión evita que el país tenga que responder por las reclamaciones económicas planteadas en el arbitraje y constituye un resultado favorable para la defensa estatal en materia de inversiones internacionales.
Gobierno destaca defensa de recursos públicos
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, valoró el resultado y sostuvo que defender al Estado también implica preservar la seriedad con la que República Dominicana cumple sus compromisos internacionales.
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La defensa fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, que conforme a la Ley núm. 80-25 tendrá la representación del Estado en los arbitrajes de inversión.
República Dominicana contó además con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, mediante su oficina en Washington, D.C.
El Gobierno señaló que el resultado forma parte de una política de defensa activa en arbitrajes de inversión, orientada a proteger los recursos públicos y fortalecer la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras.