La publicación de más de 170.000 páginas de documentos municipales vuelve a poner bajo escrutinio la actuación de las autoridades de Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, especialmente las advertencias sobre la calidad del aire en la Zona Cero.
El alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de los archivos en el ayuntamiento, acompañado por oficiales, primeros socorristas, sobrevivientes y representantes comunitarios, pocos días antes del 25 aniversario de los ataques.
Según los documentos divulgados, las autoridades municipales y federales conocían la presencia de contaminantes tóxicos en el área afectada. Las primeras evaluaciones ambientales detectaron partículas peligrosas en prácticamente todos los lugares examinados, mientras los mensajes oficiales alentaban a residentes, trabajadores y estudiantes a regresar.
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El impacto sanitario se ha extendido durante décadas. Más de 9.000 personas han muerto por enfermedades relacionadas con el 9/11, una cifra cercana a tres veces las víctimas mortales registradas el día de los atentados.
El memo Harding revela el temor a miles de demandas
Entre los documentos recuperados figura el denominado "memo Harding", fechado en octubre de 2001 y dirigido al entonces vicealcalde Robert Harding, durante la administración de Rudy Giuliani.
El memorando advertía que la ciudad podía enfrentar hasta 35.000 demandas legales por su manejo de la emergencia. También señalaba que la responsabilidad podía derivarse de las alertas sanitarias que favorecieron el regreso temprano a la zona, pese a la presencia de sustancias tóxicas.
La documentación incluye además 68 cajas de registros descubiertas recientemente. Su publicación responde a acuerdos derivados de dos demandas presentadas durante varios años entre la ciudad de Nueva York y 9/11 Health Watch.
Como parte del proceso, se destinaron 34,2 millones de dólares a la creación de una base de datos pública y gratuita con cientos de miles de registros municipales, incluidos informes ambientales del Departamento de Protección Ambiental (DEP) y documentos relacionados con el Edificio 7 del World Trade Center.
Sobrevivientes y legisladores cuestionan décadas de silencio
La expresidenta del Condado de Manhattan Gale Brewer sostuvo que la retención de información atravesó tres administraciones municipales y que durante años se rechazaron o retrasaron solicitudes de acceso a documentos públicos.
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El representante federal Jerrold Nadler, quien representó a la Zona Cero y participó en los esfuerzos para obtener compensación federal para las víctimas, recordó que advirtió desde los primeros días sobre los riesgos sanitarios de las sustancias presentes en el aire.
Nadler señaló directamente a la entonces administradora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Christine Todd Whitman, y a Giuliani por haber rechazado esas advertencias.
Para los defensores de los primeros socorristas, la documentación puede ayudar a reconstruir la exposición sufrida por quienes trabajaron, vivieron o estudiaron en el Bajo Manhattan.
Los archivos buscan ayudar a identificar a más afectados
Ben Chevat, director ejecutivo de 11-S Health Watch, afirmó que los registros pueden proporcionar pruebas útiles a trabajadores municipales actuales y anteriores, antiguos residentes y exestudiantes que necesiten demostrar su exposición para acceder al Programa de Salud del World Trade Center y al Fondo de Compensación para Víctimas del 11 de Septiembre.
Mamdani sostuvo que todavía existen personas que podrían tener derecho a estos programas y que no están inscritas, particularmente antiguos residentes de las zonas afectadas que no han recibido un acercamiento sostenido.
Consultado sobre si los documentos deberían provocar una revisión formal del legado de Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, Mamdani evitó adelantar una conclusión y respondió que serán los neoyorquinos quienes deberán emitir ese juicio.