La investigación del Ministerio Público sobre el denominado Caso Calamar apunta a un supuesto esquema de corrupción que habría provocado el desvío de más de RD$19 mil millones del Estado dominicano, según informó el procurador adjunto y director de Persecución, Wilson Camacho.
De acuerdo con el órgano acusador, en la presunta estructura estarían implicados los exfuncionarios Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros procesados, quienes habrían utilizado sus cargos para ejecutar pagos irregulares vinculados principalmente a procesos de expropiación de terrenos declarados de utilidad pública.
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Camacho explicó que los recursos comprometidos pertenecían al erario y, según sostuvo, pudieron haberse utilizado en áreas prioritarias como el sistema de salud, especialmente durante el período de la pandemia de Covid-19.
Esquema incluía expropiaciones y sobornos
Las autoridades indicaron que el mecanismo investigado no se limitaba a las expropiaciones. El expediente también describe un sistema de presuntos sobornos relacionados con el sector de los juegos de azar y pagos irregulares de obligaciones estatales.
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Según la acusación, los responsables habrían articulado un modelo de gestión fraudulenta que permitía canalizar fondos públicos hacia pagos cuestionados, generando un impacto significativo en las finanzas del Estado.
Retiros millonarios y reparto de fondos
Uno de los elementos señalados por el Ministerio Público es la supuesta extracción de grandes cantidades de dinero en efectivo por parte de personas que no contaban con perfiles financieros que justificaran esas operaciones.
Entre los casos mencionados se incluyen retiros que, según la investigación, habrían alcanzado montos cercanos a RD$1,000 millones.
El órgano persecutor sostiene además que la red retenía hasta el 70 % del dinero que afirmaba entregar a terceros, muchos de los cuales habrían sido motivados a reclamar supuestas deudas al Estado para facilitar el esquema.
Más de mil pruebas en el expediente
El Ministerio Público aseguró que cuenta con 1,278 evidencias para sustentar la acusación presentada ante los tribunales. Con base en este volumen probatorio, el organismo espera que el proceso avance a juicio de fondo contra todos los señalados en el expediente.
La institución reiteró que busca que el caso sea conocido en los tribunales con el objetivo de establecer responsabilidades y evitar que las irregularidades denunciadas queden sin consecuencias judiciales.