El Ministerio Público solicitó este lunes que el proceso judicial contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y otros implicados pase a la fase de juicio. La petición fue presentada ante el Sexto Juzgado de la Instrucción, como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a contratos tecnológicos y manejo de fondos públicos.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, expuso la acusación formal y pidió al tribunal que emita un auto de apertura a juicio contra los imputados. También solicitó que se mantengan las medidas cautelares que actualmente pesan sobre los acusados mientras continúa el proceso judicial.
La jueza Yanibet Rivas, quien preside el tribunal, ordenó un receso en la audiencia hasta el viernes 20. En esa fecha, los abogados defensores deberán presentar su respuesta a los planteamientos realizados por el Ministerio Público.
Investigación apunta a múltiples delitos
Según la acusación presentada, las pesquisas revelaron la existencia de varias estructuras delictivas que habrían operado en paralelo. Entre los hechos investigados figuran corrupción administrativa, fraude en procesos de contratación pública y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
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El expediente también menciona sabotaje contra infraestructuras consideradas críticas, contrabando, falsificación de documentos, delitos informáticos y operaciones destinadas al lavado de activos. Además, los fiscales incluyen actos catalogados como terrorismo contra sistemas estratégicos vinculados al funcionamiento del Estado.
De acuerdo con los investigadores, estas actividades se habrían desarrollado principalmente utilizando estructuras vinculadas al Intrant y al Ministerio de Defensa.
Empresas señaladas en el esquema
El Ministerio Público sostiene que varias compañías habrían sido utilizadas para ejecutar las operaciones investigadas. Entre ellas figuran Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., firmas que supuestamente obtuvieron contratos y acuerdos con condiciones privilegiadas.
Según la acusación, esos convenios permitieron el acceso a sistemas y recursos estatales que luego habrían sido empleados para desviar dinero público y ejecutar maniobras financieras destinadas a ocultar el origen de los fondos.
Las autoridades sostienen que estas acciones comprometieron la transparencia de los procesos administrativos y pusieron en riesgo la seguridad tecnológica de infraestructuras estratégicas.
Señalan a José Ángel Gómez Canaán como figura clave
El expediente identifica a José Ángel Gómez Canaán como el principal articulador del entramado investigado. Los fiscales aseguran que mantiene vínculos empresariales y financieros con las compañías Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix.
Bajo su presunta coordinación, dichas empresas habrían operado de forma conjunta para desarrollar un esquema orientado a defraudar al Estado dominicano, realizar operaciones de lavado de activos y manipular sistemas tecnológicos clave.
La acusación sostiene que esta red logró posicionarse dentro de infraestructuras estratégicas y manejar recursos considerados críticos para el funcionamiento de instituciones públicas.