La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental avaló la salida de Rafael Feliz García del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y recomendó que el Ministerio de Administración Pública inicie un proceso disciplinario contra Winston Paulino, actual director de gabinete de esa institución.
El presidente Luis Abinader destituyó a Feliz mediante el Decreto 39-26, el 23 de enero de 2026. La decisión se produjo tras una investigación abierta luego de una denuncia presentada en el programa "N Investiga", de la periodista Nuria Piera, donde se señaló que empleados del ITLA aportaban el 5 % de su salario para financiar el movimiento político "Jóvenes por el Cambio", liderado por el entonces rector.
La pesquisa fue realizada por la DIGEIG, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, junto a la Unidad Antifraude. Aunque varios empleados entrevistados afirmaron que las contribuciones eran voluntarias, el órgano concluyó que la existencia de un esquema organizado de recaudación dentro de una entidad pública con fines políticos constituye una falta administrativa grave.
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Violación a la Ley 41-08
El informe cita el artículo 80, numeral 13, de la Ley 41-08 sobre Función Pública, que prohíbe a los servidores públicos servir intereses partidarios en el ejercicio de sus funciones, por afectar los principios de imparcialidad, ética y neutralidad política.
Para la DIGEIG, el hecho de que la práctica se promoviera desde la propia institución agrava su impacto y compromete la integridad institucional. En ese contexto, el organismo entiende que las acciones observadas son pasibles de sanción disciplinaria, incluida la destitución.
Señalamientos contra Winston Paulino
El documento identifica a Winston Paulino como el principal impulsor del mecanismo de recaudación, con la anuencia de la máxima autoridad del ITLA. Según la evaluación, su rol funcional lo coloca como responsable directo en la implementación de la práctica denunciada.
Por ello, la DIGEIG recomendó al Ministerio de Administración Pública abrir el procedimiento administrativo correspondiente tanto contra Feliz -ya separado del cargo- como contra Paulino, a fin de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa.
Además, el organismo sugirió fortalecer los controles internos para evitar que situaciones similares se repitan y reforzar el cumplimiento estricto de los principios éticos en la administración pública.