El asesinato de un chofer municipal en Santiago, tras ser atacado por una turba de motoconchistas, volvió a exponer un problema que se repite a diario en las calles: el desorden en el uso de motocicletas y su impacto en la seguridad ciudadana.
El caso, por el que ya hay ocho detenidos, ha intensificado el debate sobre la falta de control en el tránsito y la respuesta institucional ante una situación que afecta a millones de personas.
$ads={1}
FINJUS pide tratarlo como emergencia nacional
La reacción fue inmediata desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). Su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que el fenómeno debe asumirse como un tema de seguridad nacional.
Propuso operativos permanentes, aplicación de sanciones y una coordinación más efectiva entre la Policía, la Procuraduría, el INTRANT, la DIGESETT y los ayuntamientos para frenar el desorden.
El planteamiento busca pasar de medidas aisladas a una estrategia integral frente a un problema que, según advierte, ha sido subestimado.
$ads={2}
Cifras que reflejan la magnitud del problema
Datos oficiales muestran que al cierre de 2025 había 3,846,694 motocicletas registradas, lo que representa el 57.9 % del parque vehicular nacional.
En términos de seguridad vial, el panorama es aún más crítico. Más del 60 % de las muertes por accidentes de tránsito involucra a motociclistas, mientras organismos internacionales estiman que cerca de dos tercios de las víctimas pertenecen a este grupo.
El impacto económico también es significativo: la crisis de siniestralidad vial ronda el 2.21 % del producto interno bruto.
Pese a que existe un decreto que declara la seguridad vial como prioridad nacional, la percepción ciudadana sigue marcada por el incumplimiento de las normas y la escasa aplicación de sanciones.