El memorando firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente deportados en tránsito ya comenzó a generar cuestionamientos legales. Participación Ciudadana alertó que el acuerdo podría abrir conflictos constitucionales y complicar el manejo migratorio dentro del país.
La organización advirtió que los extranjeros trasladados bajo ese mecanismo ingresarían con autorización oficial y sin violar leyes dominicanas, incluyendo las normas migratorias.
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Esa condición, según explicó, podría impedir restricciones de movilidad y abrir la puerta a recursos de hábeas corpus si las autoridades intentan limitar el tránsito de esas personas dentro del territorio nacional.
Critican falta de transparencia del Gobierno
Participación Ciudadana cuestionó además que el Gobierno no haya divulgado el contenido completo del memorando de entendimiento (MOU), pese a tratarse de un tema migratorio altamente sensible.
La entidad sostuvo que publicar íntegramente el acuerdo habría evitado especulaciones y permitido un debate público más transparente sobre sus implicaciones legales y operativas.
También planteó interrogantes sobre cómo se manejarán situaciones complejas vinculadas a antecedentes penales, barreras idiomáticas y casos de personas que no puedan regresar a sus países por razones de seguridad.
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Advierten precedentes conflictivos en otros países
La organización recordó que acuerdos similares implementados en Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador provocaron controversias y tensiones internas.
A juicio de Participación Ciudadana, aunque un memorando de entendimiento suele considerarse un instrumento no vinculante, esa condición cambia una vez comienzan a ingresar deportados al país.
En ese escenario, afirmó, el Estado dominicano asumiría obligaciones y responsabilidades jurídicas difíciles de revertir.
La entidad concluyó que todavía existe margen para dejar sin efecto el acuerdo y enfocar la cooperación migratoria con Estados Unidos en asuntos que impacten directamente a República Dominicana.