La entrada en vigencia del nuevo Código Penal enfrenta nuevas objeciones antes de su implementación prevista para agosto. El jurista Cándido Simó solicitó al Tribunal Constitucional emitir una decisión provisional que detenga la aplicación de la normativa mientras se conocen los recursos de inconstitucionalidad sometidos en su contra.
Según planteó, la alta corte debería impedir temporalmente que la Ley 74-25 produzca efectos hasta que exista una decisión definitiva sobre las acciones legales presentadas por distintos sectores.
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Para Simó, la normativa contiene disposiciones que podrían entrar en conflicto con principios y garantías protegidos por la Constitución, razón por la que considera necesario un examen previo de fondo antes de su ejecución.
Cuestiona penas y nuevos tipos penales
El abogado criticó varias de las modificaciones incorporadas en el nuevo Código Penal, especialmente aquellas relacionadas con el aborto y las responsabilidades médicas en situaciones de emergencia.
A su juicio, algunas de las sanciones previstas generan contradicciones jurídicas que podrían afectar la toma de decisiones en escenarios donde los profesionales de la salud deben actuar para preservar vidas.
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También calificó como excesivos varios de los nuevos tipos penales y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener dentro del sistema de justicia dominicano.
Advierte sobre el impacto de las condenas prolongadas
Simó sostuvo que las penas de hasta 40 y 60 años de prisión contempladas en la legislación dificultan el cumplimiento de uno de los objetivos fundamentales del sistema penitenciario: la rehabilitación de las personas condenadas.
En ese sentido, argumentó que la finalidad de la pena debe orientarse a la reinserción social y afirmó que las condenas extremadamente largas limitan esa posibilidad.
Expresa preocupación por la libertad de expresión
El jurista también cuestionó el endurecimiento de las sanciones vinculadas a delitos relacionados con la opinión pública.
Según explicó, el aumento de las penas en este ámbito podría representar riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y abrir un debate sobre los límites entre la protección de derechos y las restricciones a la manifestación de ideas.
La discusión sobre el nuevo Código Penal continúa en el centro del debate jurídico nacional, mientras el Tribunal Constitucional conoce diversas acciones que buscan revisar la constitucionalidad de varios de sus artículos.