La constitucionalidad de varios artículos del nuevo Código Penal fue llevada este miércoles ante el Tribunal Constitucional por organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de Rosaura Almonte, conocida como «Esperancita», al considerar que mantienen una prohibición absoluta de la interrupción del embarazo.
La Acción Directa de Inconstitucionalidad fue presentada por la Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir y Rosa Herminia Hernández, madre de la adolescente fallecida en 2012 durante un embarazo en medio de complicaciones de salud.
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La demanda cuestiona los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, al sostener que excluyen cualquier excepción para la interrupción del embarazo, incluso en situaciones que comprometen la vida o la salud de mujeres, adolescentes y niñas.
Reclaman protección de derechos fundamentales
Los accionantes argumentan que la penalización absoluta vulnera derechos constitucionales como la vida, la salud, la integridad personal, la dignidad y la igualdad, reconocidos por la Constitución dominicana.
Según el recurso, la protección de la vida prenatal establecida en el artículo 37 no puede interpretarse de manera aislada, sino en equilibrio con los derechos fundamentales de la mujer embarazada.
Caso Esperancita vuelve al centro del debate
La acción judicial retoma el caso de Rosaura Almonte «Esperancita», cuya muerte en 2012 se convirtió en uno de los principales referentes del debate sobre la interrupción del embarazo en República Dominicana.
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Los demandantes sostienen que la inclusión de excepciones en la legislación penal constituye una exigencia constitucional y señalan que más del 70 % de los países con protección constitucional de la vida prenatal permiten la interrupción del embarazo en circunstancias extremas, citando como ejemplos a Ecuador, Chile y Perú.
Ahora corresponderá al Tribunal Constitucional evaluar los argumentos presentados y determinar si las disposiciones impugnadas se ajustan o no al marco constitucional vigente.