La reciente Ley Anticrisis permitirá al Gobierno mantener estabilidad financiera en los próximos años, pero no solucionará los problemas de fondo que arrastran las finanzas públicas dominicanas, según reconoció el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.
El funcionario explicó que las medidas aprobadas constituyen una respuesta a la situación económica actual y ofrecen margen de maniobra hasta 2028, aunque insistió en que el país seguirá necesitando una reforma fiscal de mayor alcance para enfrentar sus desafíos estructurales.
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Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Díaz señaló que el Estado ha operado durante las últimas dos décadas con un déficit promedio cercano al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB), una realidad que no cambia con la nueva legislación.
Gobierno apuesta por medidas viables y consensuadas
El ministro afirmó que el paquete aprobado responde a lo que resultó posible desde el punto de vista político y económico.
Según explicó, las autoridades optaron por una propuesta capaz de generar acuerdos y evitar tensiones sociales, tomando en cuenta experiencias registradas en otros países durante procesos de ajuste fiscal.
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Díaz sostuvo que el objetivo fue fortalecer las cuentas públicas sin provocar efectos negativos significativos sobre la actividad económica.
Ley elimina impuestos y reduce cargas a empresas
Entre las disposiciones destacadas por el funcionario figura la derogación de tres impuestos y la eliminación del pago de anticipos para el 78 % de las empresas.
La normativa también amplía el régimen simplificado y contempla ajustes en el impuesto sobre la renta dirigidos a los contribuyentes con mayores ingresos.
De acuerdo con el ministro, estas medidas buscan mejorar la capacidad financiera del Estado sin trasladar mayores cargas tributarias a los sectores de menores recursos.
Reforma fiscal integral sigue pendiente
Pese a los cambios aprobados, Díaz reiteró que el país deberá abordar en el futuro una discusión más amplia sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Indicó que las crecientes demandas de inversión en salud, educación, seguridad y otros servicios esenciales requerirán un pacto fiscal más profundo que permita garantizar recursos estables a largo plazo.
Las declaraciones se producen mientras continúa el debate entre sectores económicos, empresariales y políticos sobre el alcance real de la Ley Anticrisis y sus efectos sobre la economía nacional.