La investigación de la Operación Onco14 apunta a que el control administrativo del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) estuvo concentrado durante años en un grupo de personas con vínculos familiares que, según el Ministerio Público, utilizaron esa posición para ejecutar maniobras que afectaron fondos destinados a pacientes con cáncer.
Así lo afirmó el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien aseguró que la estructura investigada operaba como si el centro de salud fuera una propiedad privada de sus principales dirigentes.
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"Ellos habían convertido el Oncológico en un patrimonio familiar", declaró durante una entrevista en el programa El Día.
Según las investigaciones, el principal imputado, Héctor Antonio Lora Cruceta, presidía el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el consejo directivo del Instituto Oncológico Regional del Cibao, mientras que entre los acusados también figuran su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Ministerio Público señala conflictos de interés en la administración
Camacho explicó que uno de los hallazgos más relevantes del expediente involucra a Vargas Sánchez, quien presuntamente participaba en decisiones administrativas y posteriormente auditaba las mismas operaciones financieras.
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De acuerdo con el Ministerio Público, esta dualidad representaba un conflicto de interés que facilitó el control de los procesos internos y la supervisión de recursos dentro de la institución.
El funcionario indicó además que fue necesario recurrir a mecanismos judiciales para que las autoridades elegidas pudieran asumir la dirección del centro médico.
Acusan maniobras con fondos y medicamentos para pacientes con cáncer
La investigación también documenta presuntas irregularidades en el manejo de medicamentos oncológicos financiados por el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Entre las prácticas señaladas figuran el fraccionamiento de tratamientos mientras se facturaba el costo total al seguro estatal y la sustitución de medicamentos originales por versiones de menor costo.
Para el Ministerio Público, el impacto del caso trasciende las pérdidas económicas debido a que los recursos involucrados estaban destinados a pacientes que enfrentaban tratamientos contra el cáncer.
"Este es un caso lamentable porque afectó la salud del pueblo dominicano y, en esta última estructura, afectó la salud de los pobres enfermos de cáncer del pueblo dominicano", sostuvo Camacho.
Solicitan 18 meses de prisión preventiva
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, a quienes acusa de integrar una red que habría sustraído fondos millonarios del Senasa mediante diversas maniobras fraudulentas.
Las autoridades informaron que las investigaciones permanecen abiertas y no descartan la incorporación de nuevos implicados conforme avance el análisis del manejo administrativo y financiero del Instituto Oncológico Regional del Cibao.