La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) advirtió que el proyecto de Código Penal aprobado en primera lectura por el Senado de la República mantiene disposiciones que podrían generar incertidumbre para las empresas, especialmente para las mipymes.
La organización considera necesario modernizar la legislación penal, pero cuestiona que el proceso avance sin incorporar las observaciones técnicas planteadas por el sector empresarial sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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ANJE pide reglas diferenciadas para las mipymes
El gremio señaló que la propuesta desaprovecha la oportunidad de establecer un régimen más claro y equilibrado, con reglas específicas para micro y pequeñas empresas y garantías acordes con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
También criticó que la entrada en vigencia de los artículos sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas se postergue solo por tres meses, pese a que durante la vacatio legis se abrió un proceso de consulta que, según ANJE, no incorporó sus planteamientos.
Para la organización, la responsabilidad empresarial debe sustentarse en hechos objetivos y comprobados, como que la infracción haya ocurrido por cuenta o beneficio de la entidad y que exista un incumplimiento grave de sus deberes de organización y control.
Sector empresarial propone comisión de seguimiento
ANJE también planteó que la imprudencia o negligencia genere responsabilidad únicamente en los casos previstos expresamente por la ley y pidió reconocer con mayor precisión los esfuerzos de cumplimiento y los mecanismos de certificación de estos programas.
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La asociación sostuvo que el país necesita una legislación capaz de perseguir las conductas ilícitas sin crear obstáculos para invertir, emprender y generar empleos.
Ante una eventual aprobación del Código Penal en la forma propuesta por la Cámara de Diputados, ANJE expresó su disposición a colaborar con el Congreso Nacional para revisar y precisar el régimen de responsabilidad penal empresarial.
Como parte de esa propuesta, planteó crear durante el primer año de implementación del Código una comisión permanente integrada por técnicos y académicos, que trabaje junto al Congreso Nacional en la identificación de ajustes derivados de la aplicación práctica de la normativa.