El Ministerio Público deberá definir este jueves 30 el rumbo procesal del expediente que involucra al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros nueve imputados, señalados por un supuesto esquema de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público tienen hasta esa fecha para depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien deberá asignar el tribunal encargado de conocer el juicio preliminar.
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El Código Procesal Penal fija un plazo adicional de 15 días
Si la acusación no es presentada dentro del período establecido, el artículo 151 del Código Procesal Penal ordena al juez de control intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a los abogados que representan al Estado para que, de manera conjunta, depositen el requerimiento correspondiente en un plazo de 15 días.
Si tampoco se presenta una acusación u otro acto conclusivo después de ese período, el juez deberá declarar extinguida la acción penal. La legislación también contempla responsabilidad civil y personal para el fiscal encargado del proceso cuando incumple los plazos establecidos.
Revisión de coerción coincide con vencimiento del plazo
Para este jueves también está prevista la revisión obligatoria de las medidas de coerción contra los imputados que continúan bajo prisión preventiva en el centro penitenciario Las Parras. La audiencia estará a cargo del juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Si el Ministerio Público deposita la acusación antes de que expire el plazo, el juez de control dejará de conocer el expediente y lo remitirá a Kenya Romero para que sea apoderado el tribunal que tendrá a su cargo el juicio preliminar.
Entre los imputados figuran, además de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, junto a otros exfuncionarios y suplidores del Senasa.
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Según el Ministerio Público, algunos acusados reconocieron haber entregado sobornos a Hazim y a otros funcionarios de la ARS estatal. Esa colaboración, de acuerdo con la investigación, permitió que obtuvieran arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
La acusación provisional sostiene que el supuesto esquema funcionó entre 2020 y 2025 y habría generado un perjuicio superior a RD$19,000 millones al sistema público de riesgos de salud.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. El Ministerio Público ha señalado que la investigación continúa abierta y que aún examina la posible participación de otras personas físicas y jurídicas.