El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó este lunes su negativa a ampliar el plazo solicitado por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez para presentar incidentes durante el juicio de fondo del caso.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto sostuvieron que los incidentes deben exponerse oralmente dentro del tiempo establecido, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. La defensa consideró insuficientes las dos horas asignadas para desarrollar sus argumentos.
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La defensa pidió más tiempo para sustentar la extinción
La discusión se produjo durante una audiencia en la que estaba previsto conocer una solicitud de extinción de la acción penal. Tras escuchar a las partes durante tres horas de deliberaciones, el tribunal rechazó ampliar el período y dispuso la continuidad del proceso.
La audiencia fue recesada hasta las 2:00 de la tarde, cuando se retomará la presentación oral de los incidentes relacionados con la solicitud de extinción de la acción penal. Después de escuchar los argumentos, el tribunal deberá decidir si acoge o rechaza el pedimento.
El tribunal también desestimó una petición de aplazamiento formulada por la defensa debido a supuestos problemas de salud de Jean Alain Rodríguez. El Ministerio Público objetó la solicitud al señalar que no se presentó documentación médica que acreditara la condición alegada.
Ministerio Público acusa a la defensa de retrasar el proceso
El procurador adjunto Wilson Camacho había solicitado declarar inadmisible el recurso de oposición presentado por varias barras de la defensa contra decisiones adoptadas previamente por el tribunal.
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Según Camacho, los planteamientos buscaban revertir el rechazo de la mayoría de los incidentes promovidos durante el juicio. El representante del Ministerio Público afirmó además que Jean Alain Rodríguez ha intentado retrasar el proceso para evitar que sean presentadas las pruebas de la acusación.
De acuerdo con el expediente acusatorio, el exprocurador y los demás imputados enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción administrativa, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La acusación sostiene que entre 2016 y 2020 se habrían malversado más de 6,000 millones de pesos mediante procesos presuntamente fraudulentos durante el período en que Rodríguez ocupó el cargo de procurador general de la República.