La defensa de varios imputados en el caso Medusa cuestiona que el tribunal mantenga abierto el proceso pese a que, según sus abogados, ya transcurrió el plazo de cuatro años establecido para la acusación.
Uno de los juristas que representa a los imputados rechazó que el concepto de plazo razonable pueda utilizarse para justificar la prolongación del proceso en favor del Estado. Sostuvo que esta garantía está vinculada a la protección de los derechos humanos de las personas sometidas a la justicia y de las víctimas.
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"Esa figura del plazo razonable es propia de los institutos que protegen los derechos humanos", afirmó durante una entrevista.
El abogado argumentó que una persona detenida o sometida a un proceso judicial tiene derecho a recibir una respuesta dentro de un período razonable, al igual que la víctima, por lo que cuestionó que el mismo principio pueda emplearse para extender la persecución penal.
La defensa pone el foco en el tiempo del proceso
Para sustentar su posición, el jurista citó procesos que han permanecido durante largos períodos en el sistema de justicia dominicano, entre ellos el caso Narcisazo.
Al referirse a este expediente y a la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que República Dominicana todavía no ha llevado el proceso hasta su conclusión y que continúa abierto.
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También mencionó el caso Orlando Martínez como otro antecedente, al indicar que su vigencia se mantuvo mediante la reintroducción periódica de la querella.
Sin embargo, reconoció que esos expedientes no pueden equipararse directamente con el caso Medusa debido a las características de los hechos investigados.
Tribunal rechaza la extinción y el proceso continúa
La controversia surge después de que las juezas rechazaran la solicitud de extinción presentada por las defensas. La decisión permite que el proceso judicial continúe mientras los abogados mantienen sus objeciones sobre el cumplimiento de los plazos procesales.
El punto central de la discusión es si el tiempo transcurrido y las garantías procesales permiten mantener vigente el expediente o si corresponde declarar la extinción solicitada por los imputados.
La defensa sostiene que el plazo aplicable ya fue superado, mientras el tribunal ha rechazado esa pretensión y mantiene abierto el proceso.