Las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el almuerzo escolar enfrentan nuevas preguntas tras una investigación de N Investiga que expone descalificaciones revertidas, cocinas habilitadas a última hora, empresas de reciente creación y denuncias sobre una supuesta venta de adjudicaciones.
El caso adquiere mayor dimensión porque algunos de los proveedores cuestionados volvieron a recibir contratos en procesos posteriores. Según una segunda investigación, tres jóvenes vinculados entre sí acumularían cerca de RD$300 millones en adjudicaciones del INABIE al sumar contratos de almuerzo escolar y kits de alimentos crudos.
Entre los casos señalados aparecen Nayelis Carolina Beltré Beltré, de 24 años, y Luisa Margarita Beltré Beltré, de 23, propietarias de Beltré Beltré SRL, con una adjudicación de RD$48.1 millones. También figuran Franniel Ramírez Beltré, de 24 años, con más de RD$24 millones, y Carolin Michel Díaz Beltré, de 19 años, con un contrato de RD$38 millones.
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La investigación cuestiona la capacidad financiera y operativa acreditada por algunos de estos proveedores para asumir servicios que requieren inversiones antes de recibir los pagos estatales. Para alcanzar 77 puntos en la evaluación de una cocina, el reportaje estima una inversión de unos RD$3.5 millones solo en equipos, sin incluir adecuaciones, nómina, combustible, vehículos, controles sanitarios ni capital de trabajo.
Descalificaciones revertidas y cocinas bajo cuestionamiento
Uno de los puntos centrales está en las instalaciones utilizadas para justificar la capacidad de los suplidores. N Investiga reportó casos en los que cocinas inicialmente objetadas terminaron habilitadas mediante procedimientos extraordinarios. También presentó imágenes destinadas a mostrar instalaciones que, según la investigación, todavía no estaban preparadas cuando debían ser inspeccionadas.
La revisión incluyó además certificaciones financieras atribuidas a Coopsuplider. El reportaje cuestionó su utilización para demostrar capacidad económica y señaló que un antiguo integrante de su consejo de administración confirmó el estado de inactividad de la entidad.
El alcance de las denuncias no se limita a San Pedro de Macorís. En Monseñor Nouel, suplidores afectados cuestionaron adjudicaciones por más de RD$1,269 millones y señalaron que una empresa habría instalado su cocina el mismo día de la inspección.
Audios apuntan a una posible red de proveedores
Otro elemento presentado por N Investiga son coincidencias entre empresas participantes, incluidos números telefónicos compartidos por compañías que resultaron favorecidas en un mismo proceso. El programa plantea que estos elementos podrían constituir indicios de coordinación que deben ser investigados, no una prueba definitiva de colusión.
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A esto se suma el testimonio de una suplidora que aseguró que le solicitaron RD$1 millón por cada mil raciones para garantizar un contrato. Otro oferente entregó un audio en el que una voz no identificada habla de una supuesta venta de adjudicaciones por millones de pesos.
En Independencia, el caso de Sabor de Oro también fue incorporado a la investigación. La empresa pasó de ser descalificada a ser habilitada por una vía extraordinaria y posteriormente obtuvo un contrato de RD$32.6 millones. El reportaje mostró videos en los que, según su reconstrucción, el establecimiento estaba cerrado días antes y posteriormente recibió equipos durante la madrugada.
El propio INABIE ya ha llevado cuestionamientos relacionados con estas contrataciones a organismos de control. Su director ejecutivo, Adolfo Pérez de León, informó que remitiría una queja a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y ProCompetencia para determinar si existieron faltas en los procesos.
El organismo también ha informado de suspensiones de proveedores y cocinas vinculadas al programa de alimentación escolar en medio de las revisiones.
El punto pendiente es determinar si las coincidencias entre empresas, las habilitaciones posteriores, los documentos financieros cuestionados y las denuncias sobre pagos por adjudicaciones responden a hechos independientes o a una estructura coordinada. Esa comprobación corresponde a las autoridades competentes y no puede darse por establecida únicamente a partir de los hallazgos periodísticos.