La investigación en áreas protegidas fue ordenada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ante denuncias de ocupaciones ilegales, afectaciones ambientales y posibles fraudes inmobiliarios en distintos puntos del país.
La disposición abarca espacios de alto valor ecológico y busca esclarecer la legalidad de títulos de propiedad y transacciones que habrían impactado patrimonio natural protegido.
Áreas protegidas bajo investigación oficial
La medida incluye el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Para conducir el proceso fue creada una fuerza de tarea especial coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El equipo también lo integran Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria.
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También participa Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
Alcance de las indagatorias y posibles delitos
La instrucción establece que se revisarán todos los actos jurídicos, administrativos y transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad o acciones privadas que comprometan la integridad de estas zonas.
El propósito es determinar si existen entramados criminales, hechos de corrupción, falsificación o prevaricación que hayan permitido el apoderamiento de patrimonio público natural.
Asimismo, se ordenó elaborar, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de delitos ambientales en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Cambio estructural en la persecución ambiental
La procuradora sostuvo que la conservación de las áreas protegidas garantiza la continuidad y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas aportan a la sociedad dominicana.
El Ministerio Público indicó que la disposición marca un cambio estructural en la persecución de delitos ecológicos, que por su impacto muchas veces irreversible serán tratados con el mismo rigor que el crimen organizado.