El presidente Gustavo Petro decretó que el salario mínimo para 2026 aumente a 2 millones de pesos, un alza del 23 %, muy por encima del 5,1 % de inflación proyectada y de lo acordado previamente por sindicatos y sector privado. La medida generó fuertes críticas por su posible impacto en la inflación y el déficit fiscal, y fue suspendida por el Consejo de Estado la semana pasada.
Conflicto y respaldo político
Aunque el tribunal pidió una nueva justificación y otorgó ocho días al Gobierno para emitir un decreto ajustado, la decisión ha fortalecido políticamente a Petro. Tanto gremios como líderes de la derecha ahora respaldan el incremento del 23 %, argumentando que se podrían compensar los costos mediante alivios tributarios para las empresas. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, afirmó que el país debe contrarrestar los efectos sobre inflación y empleo tras conocer la suspensión.
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Mesa de concertación y posiciones enfrentadas
El lunes se reunió la mesa de concertación con empresarios y sindicatos. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, describió el encuentro como "fluido y respetuoso", destacando que la mayoría de los empresarios está a favor de mantener el alza. Por su parte, las centrales sindicales tampoco desean modificar el porcentaje. Fenalco ha alertado que el incremento podría afectar 773.000 empleos, mientras su presidente Jaime Alberto Cabal rechazó negociaciones anteriores por considerarlas excesivas.
Argumentos del "salario vital familiar"
El Gobierno fundamentó la medida en el concepto de "salario vital familiar", calculado según la canasta mínima necesaria para una familia promedio de 3,4 personas, de las cuales 1,5 son trabajadores. Petro defendió que los trabajadores deben vivir dignamente junto a su familia y reconoció que el aumento puede generar presión sobre los precios, pero lo justificó como un mecanismo para "democratizar la riqueza".
La expectativa es que el nuevo decreto mantenga el aumento del 23,7 %, incorporando los elementos legales que exige el Consejo de Estado. La medida ya se percibe como un logro político para el presidente y sus candidatos al Congreso, que enfrentan las elecciones legislativas con un aumento histórico del salario mínimo, más de 18 puntos porcentuales por encima de la inflación.