La estrategia legal del mayor general Adán Cáceres Silvestre apunta a debilitar la acusación en su contra. Sus abogados aseguran que durante el juicio han expuesto fallas, contradicciones y omisiones en las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el caso vinculado al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).
Según un comunicado difundido por la defensa, las inconsistencias abarcan auditorías oficiales, peritajes financieros y documentos utilizados como base de la imputación. El equipo legal sostiene que varias de las evidencias no resisten contraste con registros formales ni con testimonios rendidos en el tribunal.
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Auditorías y nóminas bajo cuestionamiento
Uno de los puntos centrales gira en torno a la supuesta existencia de "empleados fantasma". La defensa argumenta que una supervisora de la Cámara de Cuentas admitió en audiencia que los nombres señalados no figuraban en registros oficiales del CUSEP, sino en listados aportados por el propio órgano acusador.
Además, indicaron que algunas de las personas mencionadas declararon bajo juramento que nunca recibieron pagos, lo que -a su juicio- debilita la tesis del Ministerio Público sobre el manejo irregular de nóminas.
Ingresos, bienes y vínculos empresariales
El equipo legal también objetó los análisis financieros realizados al imputado. Aseguran que no se incluyeron diversas fuentes de ingresos como viáticos, salarios e intereses, lo que distorsionaría la evaluación patrimonial. Según su versión, un peritaje presentado en el proceso fija ingresos superiores a RD$64 millones, sin contar financiamientos utilizados para adquirir propiedades.
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En cuanto a los bienes, cuestionaron que la valoración se hiciera con precios de mercado de 2022 y no con el valor al momento de compra. También afirmaron que propiedades señaladas como ocultas están registradas en declaraciones juradas ya depositadas en el expediente.
Sobre presuntos vínculos con la empresa CSNA Universo Empresarial, la defensa sostiene que certificaciones mercantiles descartan cualquier relación. Argumentos similares presentaron respecto a un inmueble utilizado por la Iglesia Bautista Vida Eterna, cuyo título -según indicaron- no pertenece a Cáceres.
Otros puntos en disputa del proceso
Los abogados también rechazaron señalamientos sobre terrenos vinculados al imputado, alegando que documentos del Consejo Estatal del Azúcar no registran operaciones a su nombre. Asimismo, defendieron el manejo de fondos de inteligencia del CUSEP, indicando que existen limitaciones legales para divulgar esos datos por razones de seguridad.
En relación con la logística interna, sostienen que la auditoría omitió registros de inventario que demostrarían controles en el almacén, los cuales -afirman- fueron presentados junto a testimonios durante el juicio.
El proceso continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde el tribunal deberá evaluar la consistencia de las pruebas en medio de posiciones enfrentadas entre la defensa y el Ministerio Público.