El plan migratorio del presidente José Antonio Kast enfrenta un obstáculo práctico: sin vínculos con Caracas, Chile no puede ejecutar deportaciones masivas. Esa limitación empuja ahora a su gobierno a explorar un acercamiento con Venezuela, pese al discurso duro que marcó su campaña.
Con más de 300,000 migrantes en situación irregular -y miles con órdenes de expulsión-, el Ejecutivo necesita que el país de origen reciba a sus ciudadanos. Sin ese paso, las medidas prometidas quedan en gran parte bloqueadas.
De la confrontación al pragmatismo
Durante la campaña, Kast planteó cortar relaciones y endurecer la política migratoria, especialmente frente a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, ya en el poder, su administración reconoce que sin coordinación consular no hay forma de controlar el flujo ni ejecutar retornos.
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El quiebre diplomático se remonta a 2024, cuando el gobierno de Gabriel Boric cuestionó las elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador. Desde entonces, Caracas rompió relaciones con Santiago, lo que complica cualquier gestión migratoria.
Analistas apuntan que el giro responde a una lógica operativa más que política: sin acuerdos mínimos, ni siquiera es posible organizar vuelos de repatriación, como sí ocurre con otros países que aceptan a sus nacionales.
Un escenario con pocas alternativas
El principal problema no es legal, sino práctico. Aunque Chile puede ordenar expulsiones, necesita un país receptor. Sin cooperación venezolana, los migrantes quedan en un limbo administrativo.
Expertos advierten que escalar el conflicto podría cerrar aún más las opciones. De hecho, desde Caracas ya han rechazado la posibilidad de retomar relaciones, calificando de "imposible" el diálogo en el clima actual .
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Ante ese bloqueo, surge otra vía: la mediación internacional. Estados Unidos aparece como un actor con capacidad de influir en Caracas, lo que podría facilitar acuerdos puntuales sin necesidad de normalizar completamente las relaciones.
En el fondo, el caso revela el choque entre promesas de campaña y las limitaciones reales del ejercicio de gobierno, donde la política migratoria depende tanto de decisiones internas como de la cooperación externa.