Senado impulsa ley contra fraudes inmobiliarios en RD

El Senado avanza en una legislación que busca establecer controles sobre la intermediación inmobiliariaestablecer controles sobre la intermediación inmobiliaria y frenar prácticas de publicidad engañosa vinculadas a la venta de propiedades en República Dominicana.


Ricardo de los Santos preside sesión en el Senado de la República Dominicana con legisladores y mesa directiva


El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, defendió este jueves el proyecto de ley y aseguró que la iniciativa pretende crear garantías jurídicas para proteger tanto a inversionistas como a compradores dentro del mercado inmobiliario.


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La propuesta ya fue aprobada en primera lectura y establece normas para supervisar las operaciones de intermediación, así como mecanismos para fortalecer la transparencia en las transacciones de bienes raíces.


Proyecto busca ordenar mercado inmobiliario

Durante un conversatorio sobre la iniciativa, De los Santos afirmó que el país necesita reglas claras que permitan desarrollar el sector inmobiliario bajo criterios de seguridad y confianza.


Según explicó, la ley busca regular la promoción, comercialización y ejecución de negocios inmobiliarios para evitar irregularidades y proteger a quienes invierten en proyectos habitacionales o comerciales.


El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la publicidad engañosa, definiéndola como cualquier mensaje o práctica comercial capaz de inducir a error sobre características, precios, disponibilidad o condiciones de venta de inmuebles.


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La normativa se apoyaría en la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.


Casos de estafas mantienen debate abierto

La discusión sobre el proyecto ocurre en medio de denuncias públicas sobre presuntas estafas inmobiliarias que han afectado a decenas de personas y provocado pérdidas millonarias.


Varios de esos casos fueron expuestos en investigaciones periodísticas donde se revelaron operaciones inmobiliarias cuestionadas y posibles irregularidades en procesos de venta de propiedades.


Con esta legislación, el Congreso busca establecer un marco legal más estricto para reducir fraudes y fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario dominicano.

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